Alberto
Nolia
Caracas.-
La protección del Tareck el Aissami a sus parientes los Mackled es de vieja
data. Tan temprano como abril de 2005 el Banco de Venezuela, que todavía era
privado y pertenecía al Grupo Santander, de la familia española Botín, detectó
movimientos irregulares de dinero en las cuentas de los narcotraficantes
carabobeños. Los Mackled efectuaban enormes depósitos que, una vez ingresados
al sistema financiero legítimo, se movían a otras cuentas. El Tareck, cuando
manejó la Misión Identidad, dotó a los Mackled y a sus esbirros, de cientos de
cédulas y pasaportes con variados nombres. Con ellos abrían cuentas en
numerosos bancos dentro y fuera del país. De hecho, la operación que culminó en
el allanamiento de la finca, el decomiso de 388 kilos de cocaína y la captura de
los hermanos Abdalá, Basel y Alex Mackled, se realizó en el máximo secreto,
pero a lo interno. El CICPC y la ONA no informaron los detalles del plan hasta
minutos antes de su ejecución al entonces ministro de Interior y Justicia. Aún
así, Walid Mackled logró escapar.
En
las últimas semanas, Henrique Capriles, el Enchufado Oral, ha dicho al menos
dos docenas de veces que una medida oficial era una cortina de humo. La última
imbecilidad fue cuando aseguró que la expulsión de “diplomáticos” gringos era
un “pote de humo para ocultar la crisis”. La primera pregunta que genera esa
imbécil declaración es a cuál crisis se refiere, pues en Venezuela no hay
ninguna. La otra es que hacen falta dosis gigantes de estulticia para afirmar
–y no digamos para creerse- que se genera un conflicto internacional de grandes
proporciones, con expulsión de quienes hacen el papel de embajadores. En todo
caso, el Enchufado Oral le exige muy poco a sus asesores, pues se limita a
repetir el disquito rayado de la cortina de humo.
Por
cierto, el gobierno estadounidense se ve que tiene a los mismos asesores
ineptos del Enchufado Oral. También dice que fue una cortina de humo para
distraer de los problemas nacionales. El nombramiento de Phil Laidlaw como
encargado de negocios es irrelevante, pues cualquier diplomático gringo hará lo
que le ordene el Departamento de Estado y allí no se percibe un cambio de
políticas hacia Venezuela. No hay posibilidades de normalizar las relaciones, y
más bien se avanza hacia la ruptura, pues el Imperio no entiende que tiene que
respetarnos. Nicolás Maduro apunta hacia la casi inevitable suspensión de
relaciones, cuando dijo que podría expulsar a todos los funcionarios gringos si
irrespetan nuestra soberanía.
En
materia de lucha contra la inseguridad, los ciudadanos de vez en cuando reciben
buenas noticias. Una de ellas, y bastante frecuente, es que cada vez que el
CICPC u otro organismo libera a un secuestrado, casi siempre le da su merecido
a los secuestradores.
Como
no podía ser de otra forma, la Sociedad Interamericana de Prensa acusa al
rrrégimen venezolano de estar estrangulando a la prensa libre, por la vía de
generar escasez de papel, tinta, planchas y otros insumos para la impresión. El
“pequeño” detalle que olvida la SIP es que esa escasez afecta sobre todo a los
periódicos chavistas, en general con muy pocos recursos y casi siempre sin
rotativa, es decir, que se ven sometido a las maniobras de los dueños de
imprenta, que aprovechan la escasez parea elevar los precios y dejar fuera de
circulación a las publicaciones chavistas. Los “grandes” diarios no tienen ese
problema, pues acumulan enormes inventarios, hasta el punto de darse el lujo de
vender papel a periódicos pequeños, eso sí, que sean escuálidos.
Las
estúpidas políticas de seguridad promovidas por Tareck el Aissami y Soraya al
Achkar, están causando una verdadera sangría en los cuerpos policiales. En lo
que va de año, sólo en Caracas el hampa lleva 69 policías y guardias nacionales
asesinados. Casi el 100 por ciento de estos homicidios está impune, pues la
Soraya y la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público impiden
que los mismos compañeros de las víctimas busquen a los culpables. En las
últimas semanas se incrementó la tasa de funcionarios liquidados por hampones,
pues los persiguen para quitarles el arma, además de vengar arrestos
practicados por esos funcionarios. Lo más grave es que la generalidad de los
asesinados son honestos, y por ello susceptibles de la venganza hamponil.
El
subdirector de la Policía Nacional Bolivariana, Eduardo Contreras, no tiene
dudas sobre cuál es la causa del incremento del asesinato de funcionarios: la
ley desarme. El jefe policial declaró
que “ante el plan de desarme implementado, los antisociales salen a despojar a
los uniformados de sus armas, que constituyen su principal instrumento para la
comisión de robos. Los funcionarios son fáciles de identificar, los
delincuentes los pescan y los persiguen para matarlos y apoderarse de las
pistolas". Como se ve, el único efecto de la ley propuesta por el
justiciero ladrón Juan Carlos Caldera, comprada por el Tareck y sus pajúos, es
el asesinato masivo de policías. Dicho sea de paso, canallas como el Tareck o
la Soraya al Achkar no dan el menor signo de arrepentimiento, ni rinden cuenta
de los resultados de esa ley maligna.
Para
quienes todavía tienen dudas sobre la calaña de la oposición y sus planes de
sabotaje. En los últimos días, y será así hasta el 8D, montan guarimbas en
cualquier lugar estratégico del país. Amparados en la cobardía de las
autoridades, grupos de una docena o menos de facinerosos, trancan las
principales vías de circulación, a veces durante horas. Además, tienen planes
para sabotear el Metro y otros sistemas de transporte masivo. El martes, tres
sicarios escuálidos colocaron enormes rocas en las vías del tren cerca de la
estación Charallave Norte. Con eso buscaban producir un choque y
descarrilamiento, que habría causado una gran pérdida de vidas. Como es
habitual en los sabotajes, incluyendo los eléctricos, los autores materiales
lograron fugarse.
El
gobierno español anda repartiendo generosos sobornos en varias dependencias,
para lograr la deportación administrativa del refugiado vasco Asier Gurudi.
Mientras los corruptos y narcos intentan robarle sus armas a los ciudadanos que
las portan legalmente, policías españoles actúan armados contra personas que
están bajo la protección de Venezuela, en muchos casos por petición del mismo
gobierno español.
Ni
uno solo de los organismos involucrados, ha dado explicación ni informado sobre
la rescisión de contrato con la empresa Kapacita, propiedad de una colombiana
agente de Estados Unidos llamada Beatriz de Majo. Entres estratégicos como la
Cancillería, Cicpc y los bancos de Venezuela y del Tesoro figuran en la lista
de clientes que reciben asesoría de esa compañía. Ello implica que todos los
datos de dichos organismos legan al gobierno estadounidense. Beatriz de Majo es
esposa de otro agente transnacional, Gustavo Roosen, personaje de proverbial
ineptitud, que salió del Grupo Polar a ocupar altos cargos en los gobiernos de
Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera.
Por
cierto, la tal Beatriz de Majo fue la misma que en un programa de Televen
afirmó que los venezolanos son flojos, borrachos y otras cosas similares. En un
arranque de cursilería y complejo de inferioridad, dijo que sus antepasados son
ingleses y holandeses. Lo que no se entiende es que con esa ascendencia sus
apellidos sean “de Majo” y “Cano”, de claro origen español. Ningún chavista
comprende cómo se le renovó la concesión a Televen cuando en su parrilla
mantiene a disociados como la Majo, Carlos Fernandes, o Mónica Fernández, la
juez que ordenó la captura de Ramón Rodríguez Chacín durante la efímera
dictadura de Carmona Estanga.
Cianuro
en gotas apareció en diciembre de 2001, cuando la debilidad mediática del
chavismo era absoluta. Lo elaboraba la misma Unidad de Análisis que aún ayuda
en su preparación. Actualmente, hay un cerco electrónico contra el periodista
Alberto Nolia, promovido por Tareck el Aissami, quien intenta silenciarlo en
los medios digitales, tras haber logrado el cierre de Los papeles de Mandinga
en VTV. Es un claro e inconstitucional intento de censura por parte de un
funcionario. Para romper ese cerco, agradecemos que envíe estos textos a su
lista de correos, esté o no de acuerdo con su contenido
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